La catástrofe en Galicia puso muy cuesta arriba las expectativas del Partido Popular a sólo unos meses de las elecciones municipales y con la guerra de Irak a las puertas, pero la sangre no llegó al río. Pese a los temores, el 'Prestige' no pasó la factura esperada al PP en la Costa da Morte. En los comicios municipales de mayo de 2003, los alcaldes mantuvieron sus ayuntamientos en la costa coruñesa. Y con mayoría absoluta para el PP en Fisterra y Muxía, municipios símbolo de la marea negra. En el resto de Galicia, el retroceso del Partido Popular sólo se notó en las capitales de provincia y grandes ciudades. En las autonómicas de 2005, sin embargo, Manuel Fraga ganó en votos, pero perdió la mayoría absoluta —lo que abrió las puertas a un pacto de gobierno entre PSdeG y BNG—.
La principal y más inmediata víctima política del 'Prestige' fue 'colateral': el hombre más poderoso de Galicia y hasta entonces delfín de Fraga, el conselleiro de Obras Públicas, Xosé Cuiña. Una empresa de su grupo familiar vendió a la empresa pública Tragsa y a la propia Xunta material para la limpieza de playas a través de una sociedad interpuesta. Ésa fue la excusa. La razón: se atrevió a reclamar de Fraga una postura autónoma respecto del Gobierno de Madrid como respuesta al desafío de una ciudadanía en pie de guerra. Y lo hizo el mismo día en que 200.000 personas se manifestaban en Santiago pidiendo dimisiones. Fue el último de sus 'pecados' galleguistas. El 'viejo presidente fundador' entregó su cabeza, pese a las protestas de buena parte del PP gallego.
La oposición y Nunca Máis atribuyeron el aguante electoral del PP al generoso paquete de subvenciones con que el Gobierno y la Xunta regaron la zona. Los trabajadores que tuvieron que parar su actividad por la marea negra comenzaron a cobrar unas ayudas de 1.200 euros al mes por persona, apenas un mes después de la catástrofe.
El entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cifró en 24 millones de euros al mes el coste del cese de actividad pesquera en Galicia por culpa de la marea negra. La Xunta pronosticó que el desastre reduciría un 0,2% el PIB gallego y un 0,6% el empleo en 2003. Galicia y la costa cantábrica española perdieron sus banderas azules el verano de 2003 por culpa de las galletas de chapapote que aún seguían llegando en plena temporada turística.
El comisionado del Gobierno para el 'Prestige', un cargo creado en enero de 2003 y para el que fue nombrado el ex ministro de la UCD y ex presidente de Endesa Rodolfo Martín Villa, comunicó al Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Hidrocarburos (FIDAC) unas pérdidas de 795,5 millones de euros.
Sólo en los primeros seis meses posteriores a la catástrofe, en España, Francia y Portugal se habían recogido unas 23.000 aves petroleadas, una expedición científica descubrió fuel del 'Prestige' a 1.000 metros de profundidad en la Ría de Ferrol, la mitad de la superficie rocosa de las islas Cíes y Ons seguía cubierta de fuel, los pescadores del Cantábrico se quejaban de la escasez de capturas...
A la mala gestión de la crisis, Aznar recetó como único remedio el Plan Galicia —12.000 millones de euros para la reactivación económica de la zona y nuevas infrasestructuras—... y un parador de turismo para la damnificada Costa da Morte. Poco, en realidad, para un desastre que ha ocasionado pérdidas de hasta 1.400 millones de euros, según los cálculos de las Cámaras de Comercio.
Nunca Máis se querelló contra los responsables del naufragio, desde el capitán hasta el armador y el propietario del buque, un oscuro conglomerado ruso. El capitán del 'Prestige', Apostolos Mangouras, fue detenido nada más poner pie en tierra, estuvo detenido durante 83 días y pagó una fianza de 3,2 millones de dólares para salir de prisión. Está imputado por delitos de desobediencia a las autoridades españolas y atentado contra el Medio Ambiente.
Además, el departamento de Las Landas, en el suroeste francés, presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Fomento, al que exigía 1,7 millones de euros. El Gobierno regional consideró a las autoridades españolas responsables del desastre. Y un Ayuntamiento del departamento de Gironde, La Teste de Buch, reclamó también a España 150.000 euros por los daños causados por el 'Prestige'. Al final, estas querellas quedaron en nada.
Más difícil ha resultado concretar las responsabilidades políticas. Ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlamento de Galicia prosperaron las iniciativas de la oposición para que se crearan comisiones de investigación. Sólo en el Parlamento Europeo y tras seis intentos fallidos, se estableció una comisión temporal para analizar lo ocurrido con el 'Prestige'. Su informe final, criticaba al Gobierno español por no haber llevado el 'Prestige' a «un lugar de refugio».
Pero ni las demandas judiciales ni las investigaciones políticas podrán remediar el daño ecológico ocasionado por la marea negra. El Instituto Español de Oceanografía (IEO) denunció en su día que se ha perdido toda una generación de peces, moluscos y crustáceos por culpa del crudo: «El fuel se ha depositado en el fondo como una capa de asfalto que, aunque no es muy tóxico, sí impide que se desarrollen especies vegetales y animales, y favorece la aparición de organismos oportunistas».
Estos efectos, según dijo entonces el IEO, podían prolongarse entre cuatro y seis años. Estaba en lo cierto: en noviembre de 2006, cuatro años después de la tragedia, el IEO detectó pequeñas manchas en la zona del hundimiento del 'Prestige'. En mayo de 2007 se sellaron varias grietas, en una tercera campaña submarina de trabajos muy costosos.
El 'Prestige' sigue vivo cinco años después del accidente. Aún quedan restos de fuel en los fondos marinos más inaccesibles y faltan por tratar 60.000 toneladas de residuos.
